Glovo vuelve a enfrentar acusaciones de vulnerar los derechos de sus trabajadores, pero en esta ocasión en Italia. La Fiscalía de Milán ha instado a las autoridades a poner bajo supervisión judicial por “vía de urgencia” a Foodinho SRL, la filial italiana de Glovo, tras llevar a cabo una investigación penal y determinar que esta explota a sus trabajadores.
A raíz de esto, se ha emitido una orden judicial en la que se recoge que un administrador designado por el tribunal pasará a supervisar las operaciones de Foodinho durante los próximos meses, con el fin de corregir las posibles irregularidades y garantizar que se cumplan las leyes laborales y de seguridad social.
De qué se acusa a Foodinho, subsidiaria de Glovo en Italia
Los fiscales sostienen que la empresa ha montado un sistema de explotación sistemática que se aprovecha del estado de necesidad de los trabajadores, muchos de ellos extranjeros en situación vulnerable. Estas presuntas malas prácticas habrían afectado a 40.000 repartidores en toda Italia.
Las acusaciones principales presentadas por la Fiscalía son las siguientes:
- Salarios que no cumplen el convenio: muchos trabajadores han declarado recibir pagos de 2,50 € por entrega, lo que sitúa los ingresos entre un 75% y un 80% por debajo de lo establecido en el convenio. Así mismo, la Fiscalía ha declarado que los pagos emitidos por la empresa no son proporcionales ni con la calidad ni con la cantidad del trabajo prestado para garantizar una existencia libre y digna.
- Turnos de hasta 12 horas diarias sin apenas descansos.
- Control algorítmico extremo: la Fiscalía argumenta que, aunque se les llama “autónomos”, en la práctica son empleados totalmente controlados por la aplicación, que monitoriza cada segundo de su actividad mediante la geolocalización.
Glovo y sus problemas con la justicia
La reciente intervención de la justicia italiana se suma al extenso historial de investigaciones y sanciones que Glovo ha ido coleccionando en los últimos años. El modelo de negocio de la empresa de delivery ha sido cuestionado por las autoridades en más de una ocasión, llegando incluso a protagonizar casos históricos como al que asistimos en junio de 2025, cuando la Comisión Europea multó a Glovo y a su matriz Delivery Hero con 329 millones de euros por participar en un cartel ilegal (un acuerdo entre empresas para no competir por talento) que operó durante cuatro años en el Espacio Económico Europeo. Esta fue la primera vez que la Comisión sancionaba a un cártel laboral.
En España, país originario de Glovo, la compañía pasó años en el punto de mira de las autoridades debido a la situación laboral precaria de sus “riders” y su condición de “falsos autónomos”. La aprobación de la conocida como “Ley Rider” en 2021 aumentó la presión sobre Glovo y fue la base de numerosas multas aplicadas contra la empresa (como la recibida en 2022 por valor de 79M€ por mantener a 10.614 falsos autónomos o la recibida en 2023 por valor de 57M€ por emplear a falsos autónomos y a inmigrantes sin permiso de trabajo).
Con el objetivo de adaptarse al marco regulatorio español, Glovo anunció un cambio significativo en su modelo de negocio en diciembre de 2024: abandonar su modelo de autónomos para contratar a sus repartidores como asalariados. Este anuncio se produjo solo un día antes de que su CEO, Oscar Pierre, tuviera que declarar como investigado ante la justicia por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Por lo que se interpretó como un movimiento para suavizar su situación judicial.
Foto: Glovo
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